VIVO O MUERTO 

ENRIQUE GIMBERNAT

EL MUNDO, 3-5-2011

Según los diversos Convenios internacionales de derechos humanos todas las personas -por consiguiente, también lo tenía Bin Laden- tienen derecho a la vida y, cuando sean sospechosos de haber cometido algún delito, derecho a un juicio justo con todas las garantías del Estado de Derecho.

Ignoro si entre EEUU y Pakistán, dos países estrechamente aliados en la guerra contra Al Qaeda, existe algún tratado -publicado o secreto- que autorice a las fuerzas armadas norteamericanas a intervenir en territorio pakistaní en la lucha contra esa organización terrorista. Desde luego, si la causación de la muerte de Bin Laden se hubiera producido en España, nuestros tribunales, en virtud del principio de territorialidad, habrían sido los competentes para esclarecer y determinar si los agentes norteamericanos habrían incurrido o no en algún delito al ejecutar aquella conducta.

Bin Laden era una persona acusada de gravísimos delitos y, en consecuencia, podía ser legítimamente objeto de detención tanto por agentes de la autoridad como por ciudadanos particulares, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Pero, al mismo tiempo, era un delincuente extraordinariamente peligroso, dispuesto a hacer uso de las armas para impedir su detención. En tales casos, todos los ordenamientos jurídicos, también el español (art.5º 2 c Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «Solamente deberán utilizar las armas [los miembros de esas fuerzas y cuerpos] en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o al de terceras personas»), autorizan al uso de la violencia, por lo que si, según las informaciones de las que disponemos, Bin Laden se opuso a su detención disparando contra quienes querían practicarla («las fuerzas especiales le dieron opción de rendirse antes de matarle»), su muerte habría estado penalmente justificada al haber actuado los agentes en el ejercicio legítimo de su derecho al uso de las armas.

En el enfrentamiento, además de Bin Laden, han resultado muertos también tres hombres más que repelieron a las fuerzas norteamericanas violentamente y «una mujer usada como escudo por un combatiente». Las circunstancias del homicidio de esta mujer deberían ser investigadas en un procedimiento penal, en cuanto que, en principio, se trata de un tercero inocente cuyo derecho a la vida ha sido vulnerado sin que existiera ninguna causa aparente que pudiera justificarla. Y así, la sentencia del TC alemán de 15 de febrero de 2006 ha declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental a la vida y la garantía de la dignidad humana, un precepto de la Ley de Seguridad Aérea que autorizaba a las fuerzas aéreas alemanas a derribar, para salvar otras vidas, aviones comerciales ocupados por pasajeros inocentes que eran dirigidos por terroristas para estrellarse, cargados de explosivos, contra edificios urbanos (tal como sucedió en los atentados del 11-S).

En cualquier caso, la muerte de Bin Laden, aunque esté justificada, no debe ser objeto de celebración alguna, en cuanto que estamos ante un fracaso, ya que hubiera sido de todo punto preferible que hubiera sido enjuiciado por un tribunal imparcial en un juicio oral, público y contradictorio. Pero ya se sabe que en EEUU sigue rigiendo el principio del Salvaje Oeste de que, si se trata de un delincuente, es indiferente que se le entregue «vivo o muerto».

ENRIQUE GIMBERNAT es jurista y catedrático de Derecho Penal.

LOS ASESINOS TAMBIÉN TIENEN PADRES

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

EL PAÍS, 23-03-2011

Reconozco que el título puede parecer melodramático o confundirse con un serial televisivo, pero mi propósito está lejos de esos contenidos. Pretende ser una llamada de atención sobre el tratamiento informativo de los sucesos criminales que se transmite a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, con especial relevancia en los telediarios de algunas televisiones. El editor no duda, un asesinato pasional es prioritario.

La elección me parece discutible, pero en todo caso el mensaje resulta, casi siempre, demoledor y degradante. El responsable de la emisión tiene ante sí el abundante material proporcionado por el reportero que se ha trasladado al lugar del sangriento suceso. Puede elegir pasajes y seleccionar textos, pero debe ser consciente de que maneja algo más que sangre, venganza y morbo. ¿Está seguro el responsable de los contenidos de que es prioritario transmitir la irracionalidad de los instintos antes que acercarse al contexto en el que suceden los hechos? Podemos comprender el grito desgarrado de los familiares pidiendo que el asesino se pudra en la cárcel de por vida, pero es peligroso alimentar los sentimientos vengativos.

En la Edad Media, cuando se producían acontecimientos semejantes, la tribu reaccionaba expulsando al autor y su familia de la comunidad, privándoles de su patrimonio y exponiéndoles a todo género de represalias. Hemos progresado asombrosamente, pero los instintos permanecen al acecho.

Algunos políticos, ante el revuelo y la pasión desencadenada, no resisten la tentación de ponerse al frente de la manifestación. Recaban la opinión de expertos sociólogos o demoscópicos, prometen endurecer las leyes como remedio taumatúrgico y optan por la rentabilidad electoral de una postura populista frente a los inciertos rendimientos de un mensaje sereno, racional y civilizado.

El cuadro informativo se completa con las escenas del traslado de los detenidos a las dependencias del juzgado. Parece que los responsables policiales quieren contribuir al espectáculo. En algunos casos dejan el furgón a 20 o 30 metros de la puerta del edificio, haciendo cruzar al sospechoso ante una jauría de ciudadanos que expulsan sus peores instintos a gritos e intentan agredir a una persona esposada en medio de dos policías. El riesgo de un linchamiento es alto y debe ser evitado. Por favor, tomen medidas antes de que tengamos que lamentar el espectáculo degradante de una masa enfurecida saciando su venganza con resultados irreparables. Serenar el ambiente es una tarea que a todos nos corresponde. Es indispensable la colaboración de los medios que nos muestran el lugar del suceso. En principio, todos podríamos vernos retratados en esa masa enfurecida.

En una democracia, solo el Parlamento y el Gobierno pueden dirigir las políticas legislativas y de seguridad. Las víctimas, traumatizadas por la tragedia vivida, nunca pueden erigirse en sujetos políticos con legitimidad para imponer cambios legales. Tienen derecho a reclamar asistencia material y psicológica y a denunciar sus carencias. Los que se aprovechan de su dolor alimentando perpetuamente sus angustiosos recuerdos solo merecen el desprecio por el daño que causan a los afectados y la convivencia.

Sus propuestas son simplistas y monocordes. La cadena perpetua es el bálsamo que transformará la sociedad en un idílico paraíso seguro y sin delincuencia. Para cubrir su desnudez argumental, nos recuerdan que otros países democráticos la tienen entre sus penas. Es cierto; y también ejecutan la pena de muerte. Ignoran o soslayan que en España una persona que haya cometido varios delitos graves puede estar 40 años en prisión, medida a la que muchos nos hemos opuesto por considerarla inhumana. En los países, como Francia, que conservan la cadena perpetua, la revisan y solo excepcionalmente la pena de prisión supera los 25 años.

Felizmente, en algunas ocasiones nos llega una bocanada de aire puro. Hace pocos días la madre de la víctima pedía, en el mismo lugar de la tragedia que no se criminalizase a los padres y a la familia del posible autor del crimen. A pesar de todo, la atmósfera se vuelve irrespirable y los familiares tienen que abandonar el pueblo a pesar de estos gestos.

La venganza siempre es corrosiva para el que la siente y la alimenta. Termina aniquilando la capacidad de ser feliz. Algunas sociedades la institucionalizan como costumbre legal. En los Estados federales de Norteamérica que mantienen la pena de muerte, se ofrece la primera fila de palco a los familiares de la víctima de ese ser humano que ha pasado años en el corredor de la muerte pensando en que la mañana siguiente sería la última. Cuando entra en el recinto, es el único que mantiene a salvo la dignidad. Es una persona ante la muerte que piensa, siente y tiene miedo. No todo termina cuando el cuerpo agonizante y convulsionado del reo deja de moverse. Se dan las luces y se disipa la penumbra. Los ejecutores dejan sus instrumentos de muerte y se retiran como los obreros que abandonan el tajo. Los familiares de la víctima, que han dado rienda suelta a sus pasiones, regresan a sus casas. Tarde o temprano se mirarán en el espejo y no verán su rostro. No es que haya desaparecido, es que están muertos.

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN es magistrado emérito del Tribunal Supremo.